Madrid, primavera de 2025.
Los precios del alquiler siguen en alza, la compra de vivienda se vuelve cada vez más inaccesible para los jóvenes y las ciudades se enfrentan a un problema que ya no se puede ignorar: España vive una auténtica crisis de la vivienda. El Gobierno central, junto con las comunidades autónomas, empieza a reaccionar.
Un problema que no deja de crecer
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio del alquiler ha subido un 12,4% en el último año en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Málaga. Mientras tanto, el coste medio de adquirir una vivienda se ha incrementado en más de un 9%, con hipotecas que se vuelven imposibles de asumir para muchas familias.
Además, más del 40% de los menores de 35 años siguen viviendo con sus padres por falta de opciones habitacionales asequibles. En zonas turísticas, la situación se agrava por el crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos y la inversión extranjera especulativa.
“En muchas ciudades, simplemente no hay oferta suficiente de vivienda digna y asequible. Y la que hay, no está al alcance de la mayoría”, explican desde el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana.
Las medidas del Gobierno para revertir la situación
Ante este panorama, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado una nueva batería de medidas que buscan controlar el mercado y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, y no como un privilegio:
1. Límite de precios en zonas tensionadas
A partir de julio de 2025, entrará en vigor un mecanismo que permitirá declarar determinadas zonas como “tensionadas” y limitar el precio de los alquileres.
Los grandes tenedores (más de 10 viviendas) estarán obligados a ajustar precios a los índices oficiales.
2. Construcción de vivienda pública en alquiler
Se invertirán más de 4.000 millones de euros en la creación de 183.000 viviendas públicas en régimen de alquiler social o asequible, muchas de ellas destinadas a jóvenes, familias monoparentales y personas mayores.
3. Penalización de pisos vacíos
Se aplicarán impuestos adicionales a los propietarios que mantengan viviendas vacías durante más de dos años, con el objetivo de incentivar su salida al mercado de alquiler.
4. Control del alquiler turístico
En colaboración con los ayuntamientos, se limitará el número de licencias para pisos turísticos en zonas con saturación, especialmente en centros históricos y barrios populares.
Barcelona, Palma y San Sebastián serán las primeras ciudades piloto.
¿Y los jóvenes?
Uno de los focos prioritarios de estas políticas es facilitar la emancipación juvenil.
Para ello, se ampliará el llamado “Bono Alquiler Joven”, que ofrece hasta 250€ mensuales a personas entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 25.000€/año.
Además, se establecerán convenios con promotores para construir vivienda asequible destinada exclusivamente a este colectivo.
¿Soluciones suficientes?
Desde asociaciones como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicat de Llogateres, se valora positivamente el enfoque del Gobierno, pero advierten:
“Las medidas van en la buena dirección, pero todavía son insuficientes. Hace falta valentía política para enfrentar a los grandes fondos y garantizar el derecho real a la vivienda.”
Conclusión
La crisis de la vivienda en España es una bomba social con mecha corta. La intervención del Estado parece inevitable para evitar una generación condenada a la precariedad habitacional.
La pregunta es si estas medidas llegarán a tiempo y si serán lo suficientemente ambiciosas para cambiar el rumbo.